En marcha el decreto ley para el despido masivo del personal laboral de las administraciones públicas

El gobierno español ultima el Real Decreto que permitirá a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos (EREs) de personal laboral fijo. El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley por el que “se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada” para las extinciones masivas de contratos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterán las administraciones central, autonómica, local y los entes y organismos autónomos para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
Las centrales sindicales recibieron por carta el borrador, y este pasado lunes, tras sólo seis días, finalizó el plazo de consultas para que pudieran realizar “observaciones”. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el gobierno es elaborar el Real Decreto que da forma a esa posibilidad al contemplar la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador del 23 de mayo de este año.
Los despidos masivos se ejecutarán por “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción“, (es decir, por cualquier causa de forma arbitraria) en base a un baremo que el gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al “10% del número de trabajadores” de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos.
Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 de los trabajadores que conforman la plantilla. Es la primera vez en la historia moderna del Estado español en que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del gobierno Rajoy.
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. “A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas”, dice el texto, “se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios correspondientes”. El déficit presupuestario -cuando el gasto supera a los ingresos- afecta a prácticamente todas las administraciones públicas, y depende de la propia elaboración de los presupuestos por parte de los responsables políticos y en qué decidan estos priorizar el gasto.
Incluso si una administración o ente público tiene superávit, podrán presentar EREs cuando las subvenciones y transferencias que perciben de los niveles superiores de la administración hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior. En la práctica, todos.
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una simple “memoria explicativa de las causas económicas”, acompañada por fotocopia de los presupuestos por los que se ha regido en los dos últimos años y de la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el ERE. Los trabajadores públicos con carácter de personal laboral fijo que aprobaron una oposición tendrán, en principio, prioridad para quedarse, pero no están a salvo de entrar en el ERE, ya que el artículo 41 del proyecto de Real Decreto permite no tener en cuenta esto si la administración considera que este requisito “no es determinante”.
La situación sigue siendo peor para los funcionarios interinos que, como hasta ahora, pueden ser echados a la calle por la vía de suprimir su plaza, sin derecho a indemnización por despido, incluso habiendo aprobado las correspondientes oposiciones.
Unidad y Resistencia

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